Contraloría identificó hallazgos fiscales por $6 billones de pesos en 24 EPS

La Contraloría General de la República (CGR) llevó a cabo una Actuación Especial de Fiscalización para analizar el manejo de los recursos de la UPC y presupuestos máximos entregados por la ADRES a las EPS durante el 2020. El objetivo era examinar la utilización de estos fondos y la gestión de las reservas técnicas, utilidades y variaciones patrimoniales de las EPS involucradas.
Las EPS vinculadas a esta actuación de fiscalización fueron las siguientes:
- Aliansalud E.P.S
2. Alianza Medellín Antioquia EPS SAS Savia Salud EPS
3. Anas Wayuú EPSI
4. Asmet Salud EPS S.A.S
5. Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y Guajira Dusakawi EPSI
6. Asociación Indígena del Cauca AIC EPS Indígena
7. Emssanar Sociedad por Acciones Simplificadas Emssanar SAS
8. Asociación Mutual SER Empresa Solidaria de Salud, Entidad Promotora de Salud Mutual SER EPS
9. Capital Salud Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado S.A.S Capital Salud EPS S SAS.
10. Capresoca E.P.S
11. Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A. Coosalud EPS S. A.
12. Empresa Promotora de Salud Ecoopsos EPS SAS – Ecoopsos EPS SAS
13. Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado EPS S Convida
14. Entidad Promotora de Salud Famisanar SAS – EPS FAMISANAR SAS
15. Entidad Promotora de Salud Mallamas EPS Indígena
16. Entidad Promotora de Salud PIJAOS SALUD EPSI
17. Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS EPS SANITAS SAS
18. Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S. A. SOS EPS
19. EPS Suramericana S. A. EPS SURA
20. Fundación Salud MIA EPS
21. Nueva Empresa Promotora de Salud S. A. – Nueva EPS S. A.
22. Empresas Públicas de Medellín ESP Entidad Adaptada de Salud (EAS)
23. Salud Total
24. Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
EPS desviaron miles de millones de pesos destinados a la salud
Según el informe de la CGR, las EPS investigadas utilizaron los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para pagar deudas antiguas, incluso aquellas prescritas, y para financiar gastos administrativos y operativos no relacionados con la prestación de servicios de salud. Además, se encontraron evidencias de pagos excesivos y sin justificación a proveedores, así como el uso de estos fondos para cubrir gastos personales de directivos y empleados.
Hallazgos significativos incluyen el pago de servicios de salud de vigencias anteriores con recursos destinados para el 2020, sumando $5.4 billones. La EPS S.O.S. utilizó fondos excedentes de la UPC para liquidar deudas prescritas por $86 mil millones, mientras que la Nueva EPS pagó $62 mil millones por servicios de años previos. También se detectaron excedentes sin justificar por $643 mil millones en varios presupuestos máximos.
También se evidenció mayores valores pagados por $5.3 billones de pesos, que resultan de la diferencia entre lo facturado por servicios prestados vs lo pagado; como es el caso de la Nueva EPS, en la que se evidenciaron pagos sin soportes por valor de $2.1 billones de pesos y en la EPS FAMISANAR, por $643 mil millones de pesos.
Se encontraron además, pagos que no guardan relación de causalidad con los servicios de salud. La NUEVA EPS, accedió a créditos bancarios durante las vigencias 2019, 2020 y 2021, por un total de $3.9 billones, de los cuales $40 mil millones de pesos fueron destinados a pagos de: Honorarios a miembros de junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de nómina Planes Complementarios de Salud (PAC), entre otros, incluidos los intereses que fueron pagados con recursos de la UPC.
Contraloría ordena investigaciones penales y disciplinarias
Ante la gravedad de los hallazgos, la Contraloría ordenó el inicio de procesos de responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria contra los responsables de estas irregularidades. Asimismo, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.
La CGR reiteró que los recursos de la salud son de naturaleza púbica y parafiscal y se rigen por el principio de legalidad del gasto, por lo que su destinación debe circunscribirse de manera exclusiva al mandato legal taxativo y perentorio.
Finalmente, el Contralor General, Carlos Hernán Becerra, tomó la decisión de declarar estos hechos de alto impacto nacional, por lo tanto todas las investigaciones se adelantarán desde la Unidad de Delitos Especiales contra la Corrupción de la Contraloría de la General República.