La Contraloría General de la República ha detectado graves irregularidades por un valor cercano a los $5 billones en contratos ejecutados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante los últimos cuatro años. Las presuntas anomalías se han identificado en la contratación de carrotanques, el programa «Hambre Cero«, obras en Santander y el suministro de maquinaria amarilla.
Irregularidades en la contratación de carrotanques
La Contraloría observa un incremento del 700% en la contratación de suministros de carrotanques en el año 2024, superando los $37.5 mil millones. Esta concentración de contratación se ha focalizado en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Bolívar y Boyacá, situación que llevó al Vicecontralor a declarar de impacto nacional los hechos que causaron este incremento inusual.
Se investiga el posible favorecimiento de tres empresas en la adjudicación de los millonarios contratos, a pesar de incumplimientos, presuntos sobrecostos y violaciones a las normas contractuales. La Contraloría abrirá investigaciones por presunta pérdida de más de $80 mil millones en la contratación de carrotanques.
Irregularidades en contratos del programa «Hambre Cero» (Ollas comunitarias)
Se han identificado irregularidades en 31 contratos del programa «Hambre Cero» durante el año 2023, destinados a la provisión de alimentos para damnificados por el Fenómeno de La Niña. Estos contratos, valorados en $131.812 millones, fueron otorgados a empresas que carecían de personería jurídica o experiencia en las actividades para las que fueron contratadas. Se observa un presunto interés indebido en la contratación y un incumplimiento en el régimen contractual.
Se ha detectado un incremento del 160% en la erogación destinada a la contratación de suministro de maquinaria amarilla en 2023. La Contraloría decidió declarar estos hechos como de impacto nacional debido a posibles irregularidades como dobles pagos o maquinaria no utilizada. Se observa también una concentración de recursos adjudicados a una sola empresa, lo que sugiere un posible delito contra la administración pública.
En todos estos casos, la Contraloría compulsará copias a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, para investigar posibles delitos contra la administración pública y faltas disciplinarias, respectivamente.