Contraloría adelanta 31 procesos de responsabilidad fiscal por $53.383 millones en San Andrés

La Contraloría General de la República adelanta 31 procesos de responsabilidad fiscal en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por un total de $53.383 millones.
Entre los casos relevantes se encuentra el proceso relacionado con la construcción del Mega Colegio «CEMED» Antonia Santos en San Andrés, en el que se han imputado daños por $21.914 millones. Se encontraron irregularidades en la fase de planeación del contrato de obra, como la falta de legalización previa del predio y la ausencia de estudios y diseños del proyecto. Además, se identificaron sobrecostos en los precios pactados.
Otro proceso de responsabilidad fiscal se refiere a la rehabilitación y mejoramiento de la vía de acceso hacia la zona industrial en San Andrés Isla, con un daño imputado de $6.416 millones. Se detectó que la obra estaba suspendida, presentaba retrasos significativos y se realizaron modificaciones sin contar con estudios de viabilidad ambiental. También se evidenciaron deficiencias en la calidad de la obra y sobrecostos en varios ítems pagados al contratista.
La Contraloría también investiga irregularidades en la liquidación de los subsidios y contribuciones para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado por parte de la Gobernación del Departamento. El daño estimado en este caso es de $5.414 millones. Se encontraron anomalías en las tarifas establecidas, lo que generó un desbalance y déficit en el recaudo de contribuciones. Durante un periodo determinado, se aplicaron factores de subsidio incorrectos y se cobraron contribuciones inferiores a estratos altos, incumpliendo lo establecido por la Asamblea Departamental.
Además, se investiga la construcción del acueducto en el municipio de Providencia y Santa Catalina, fase I, con un daño estimado de $4.733 millones. Se evidenció que el acueducto no funciona adecuadamente, no procesa la cantidad de agua esperada y el líquido no es apto para el consumo humano. La inversión realizada no ha dado los resultados esperados.
Otro caso en investigación es la expansión de redes de alcantarillado sanitario en San Andrés, con un daño estimado de $2.712 millones. Se detectó que las redes de alcantarillado en algunos barrios no se encuentran ejecutadas en su totalidad y no prestan servicio a la comunidad. También se identificaron deficiencias en los estudios y diseños, lo que llevó a modificaciones y desfinanciación de la obra contratada.
Finalmente, se investiga la construcción de la planta desalinizadora de agua en el municipio de San Andrés, con un daño estimado de $2.388 millones. Se encontraron deficiencias en la calidad y cantidades de obra, lo que ha llevado a retrasos y adicionales en el contrato. El abastecimiento de agua potable en la isla no se ha solucionado adecuadamente.