Condenan en Barranquilla a Concejal del Pacto Historico por falsedad de documentos
El Tribunal Superior de Barranquilla emitió una condena de nueve años de prisión al concejal Recer Lee Pérez Torres, del Pacto Histórico, por falsificar su diploma de bachiller y su libreta militar. La sentencia también incluye inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo período, así como una multa de 1.400 SMLMV.
El documento del tribunal establece que Pérez Torres es responsable de los delitos de uso de documentos públicos falsos y falsedad material en documento público agravado, cometidos en curso homogéneo y sucesivo, y en concurso material heterogéneo de punibles.
Además, se indicó que, previo al pago de una caución equivalente a 5 SMLMV, se le podría conceder el beneficio de prisión domiciliaria. Pérez deberá permanecer en el lugar autorizado, sin cambiar de residencia sin previa autorización, y cumplir con mecanismos de control y vigilancia electrónica o de una persona/institución determinada.
El concejal deberá comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena y permitir la entrada a su residencia a los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión.
Contexto del Caso:
Recer Lee Pérez Torres fue nombrado empleado de la alcaldía de Barranquilla como asesor del despacho el 2 de septiembre de 2013. Al momento de la posesión, presentó un título falso de la Escuela de Administración Pública (ESAP). La ESAP certificó que Pérez obtuvo su título en octubre de 2014, no en marzo de 2009 como afirmaba.
Además, presentó una fotocopia falsa de su libreta militar, ya que, según la certificación de las autoridades militares, no había definido su situación militar ni tramitado su libreta en el momento de la posesión.
El concejal utilizó estos documentos falsos para ocupar cargos en la alcaldía distrital de Barranquilla. El fallo del tribunal destaca la gravedad de estos delitos, que afectan la confianza y la transparencia en el ejercicio de funciones públicas.
El proceso judicial inició en noviembre de 2017, culminando con la sentencia de nueve años de prisión y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante ese período.