El presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos Giraldo, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, y el Fiscal General de la Nación, Fabio Espitia, informaron que se dejó sin efecto la inscripción de 915.853 cédulas de ciudadanía en todo el país por presunta trashumancia.
Los departamentos con más inscripciones irregulares son: Antioquia, Atlántico, Santander, Tolima, Norte de Santander y Huila según se determinó en sala plena del CNE.
Esta información se obtuvo luego de realizar el cruce de bases de datos con: ADRES, SISBEN, ANSPE, DPS, UARIV, empresas de telefonía móvil, cámaras de comercio, Superintendencia de Notariado y Registro y jurados de votación y de 43.000 visitas que realizaron comisiones instructoras del CNE para verificar la dirección reportada en el trámite de inscripción por cambio de puesto de votación.
Una vez identificados los posibles trashumantes, el CNE procederá a estudiar los recursos que se presenten. En caso de confirmarse la trashumancia la actuación será remitida a la Fiscalía General de la Nación para que inicie la respectiva investigación penal y determine si se configuran los delitos de “Inscripción irregular de cédulas” y/o “falso testimonio”.
El presidente del CNE, Hernán Penagos Giraldo, señaló: “Estas cédulas que se dejan sin efecto es posible que correspondan a figuras públicas. Si llega a ocurrir esto, los ciudadanos tendrán la oportunidad de presentar sus pruebas para ser reincorporados al censo. Es mejor pecar por exceso y no por defecto, es preferible reincorporar a 5.000 ciudadanos que permitir que estructuras criminales incidan en los resultados electorales.”
La cantidad de cédulas anuladas por departamento en la Región Caribe son las siguientes:
- Atlántico 125.208
- Bolívar 18.416
- Cesar 31.924
- Córdoba 17.709
- La Guajira 35.231
- Magdalena 27.905
- San Andrés 466
- Sucre 7.954
- Total Anuladas 264.813
De otro lado, el CNE informó que, a la fecha, solo el 2,6 % de candidatos han reportado sus ingresos y gastos al aplicativo de Cuentas Claras, es decir, de 117.768 aspirantes a cargos de elección popular solo 3.125 han cumplido con la obligación.