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USPEC
La Contraloría General de la República emitió una alerta dirigida al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y al Jefe de Control Interno de la misma entidad, en relación a la posible pérdida de una suma de $291.497 millones destinados para la construcción y equipamiento del Establecimiento de Reclusión Sabanas de San Ángel, en el departamento del Magdalena, con el cual se busca implementar 1.974 nuevos cupos para población privada de libertad.
La suma mencionada corresponde a dos contratos: uno de obra por $275.401 millones y otro de interventoría por $16.096 millones.
Según la Contraloría Delegada para el Sector Justicia, el contrato de obra se llevó a cabo sin los estudios y diseños necesarios de factibilidad para la conexión y expansión de la red eléctrica externa del proyecto. Además, no se realizó un estudio previo para la estructuración de las comunicaciones y su funcionamiento.
Inicialmente, se acordó suspender el contrato de obra durante 45 días debido a las condiciones climáticas adversas y problemas de seguridad. Sin embargo, esta suspensión se ha prolongado y, hasta la fecha del informe de la Contraloría, no se ha reiniciado la construcción.
La larga suspensión de la obra, que ya lleva más de 5 meses, aumenta la posibilidad de que se necesite una inversión adicional para completarla debido al deterioro de los materiales y equipos instalados y no instalados, así como de las obras ejecutadas hasta el momento.
La Contraloría identificó varios riesgos relacionados con este proyecto, entre ellos la falta de estudios y diseños en la etapa de planificación, el incumplimiento del plazo establecido en el contrato, la no implementación de los nuevos cupos penitenciarios, posibles costos adicionales debido a la suspensión prolongada y la falta de cumplimiento del Documento CONPES 3871, que busca mejorar la infraestructura carcelaria y descongestionar las cárceles.
Además, se señala la posibilidad de litigios por parte del contratista e interventor debido a las afectaciones causadas por la suspensión del contrato.
Ante estos riesgos, el Contralor Delegado para el Sector Justicia emitió una alerta a la Oficina de Control Interno y a la USPEC, instándoles a enfocar sus funciones en garantizar la protección de los recursos públicos, evitar impactos negativos en la comunidad beneficiaria y prevenir la pérdida de los recursos asignados a este proyecto.