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Gobernación de San Andrés
La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta ante la grave crisis humanitaria que enfrenta el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina debido al aumento de la migración ilegal. La Procuraduría pidió a las autoridades locales, departamentales, nacionales y aerolíneas que refuercen sus controles para evitar que ciudadanos de diferentes nacionalidades sean víctimas de redes de tráfico de personas.
Según el Ministerio Público, la situación se ha agravado y se pudo encontrar que la mayoría de los migrantes son víctimas de tráfico y trata de personas que ofrecen una ruta «VIP» de migración irregular. El Procurador para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, evidenció que muchos de los migrantes han desaparecido en el mar abierto del archipiélago buscando llegar a Centroamérica.
La Procuraduría confirmó que han sido rescatados 804 ciudadanos de distintos países de origen, como China, Vietnam, Uzbekistán, Venezuela, Ecuador y República Dominicana, entre otros. El equipo de la Procuraduría fue testigo de la presencia de traficantes en el Cayo Pescador que talan árboles y contaminan el área con residuos sólidos y botellas plásticas. Además, los migrantes son ubicados en resguardos artesanales y cambuches donde pasan la noche a la espera de una embarcación que los lleve hasta Nicaragua. La situación ha generado una grave crisis humanitaria, especialmente para los niños, mujeres en gestación y adultos de diversas nacionalidades que buscan una mejor vida.
A pesar de que la Armada Nacional controla el territorio y ejerce la soberanía del país en estas aguas, la capacidad operativa no es suficiente para controlar el fenómeno debido al incremento desmesurado de la migración ilegal.
La Procuraduría hizo un llamado a la Dirección de Inteligencia (Dijín) de la Policía y a la Fiscalía para que investiguen qué organizaciones están detrás del negocio de la migración ilegal y anunció que presentará a la Procuradora Margarita Cabello Blanco un informe preventivo sobre la situación para que determine los requerimientos preventivos y acciones disciplinarias a que haya lugar.