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Alcaldía de Barranquilla
Luego de convocar a representantes de la SAE, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Alcaldía de Barranquilla, ante la Procuraduría se logró que las partes llegaran a un acuerdo para la comercialización de las acciones de la empresa Triple A.
En una mesa de diálogo, que comenzó desde horas de la mañana en la sede del Ministerio Público, los representantes para la reunión de cada entidad expusieron sus argumentos e intereses de propuestas en torno al tema.
Como uno de los grandes puntos de conclusión, los negociadores acordaron que la entrega de las acciones sea inmediata y que la gran mayoría del paquete accionario quede en manos de entidades públicas, que podría ser EPM, según lo esbozado por el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.
“En el encuentro quedó establecida la hoja de ruta para que Barranquilla pueda recuperar las acciones de la Triple A con 2 preceptos muy importantes: el primero, que esa recuperación conlleve a que la nueva inversión sea 100% pública; es decir, que las acciones queden en manos del Distrito de Barranquilla y/o Empresas Públicas de Medellín (EPM), u otro socio estratégico similar público y, al mismo tiempo, que podamos destrabar y rápidamente recuperar estas acciones que algún día pertenecieron al Distrito y que por malos manejos terminamos perdiendo” afirmó el alcalde Pumarejo.

Con respecto al valor de las acciones, las partes convinieron que hasta el momento el precio se mantiene y de ser necesario se evaluaría de manera técnica.
“Las acciones se entregarán de manera inmediata y se hicieron evaluaciones sobre cómo quedarían las obligaciones económicas”, dijo por su parte Luis Ramiro Escandón, delegado especial del Ministerio Público, quien recalcó que uno de los principales objetivos era precisamente evitar que se activara la cláusula penal del contrato y así se causara un detrimento patrimonial.

En la reunión participaron el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo; Héctor Alfonso Carvajal, como representante de la SAE; Marta Lucia Zamora, jefe la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y delegados y representantes de K –Yena y la Superintendencia de Servicios Públicos.