Alcalde de Cartagena interpone acción popular en defensa de los afectados por Aquarela
Alcaldía de Cartagena
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, interpuso una demanda popular en contra de Promotora Calle 47 SAS, Plano Constructivo SAS, y Alianza Fiduciaria, involucradas en el proyecto inmobiliario Aquarela, con el fin de proteger los derechos de los compradores de vivienda de interés social (VIS) que resultaron afectados por el fracaso del proyecto.
El alcalde Turbay Paz afirmó que con esta acción legal se busca demostrar que las empresas involucradas en la estructuración y venta del proyecto Aquarela violaron los derechos de los consumidores al no devolver íntegramente los recursos invertidos por los compradores de la Etapa I del proyecto y al no cumplir con las exigencias legales establecidas en el Estatuto del Consumidor.
Pretensiones de la Demanda
En la acción popular liderada por el mandatario, se solicita al tribunal que se emitan las siguientes órdenes:
- Declaración de vulneración: Que se reconozca que las empresas demandadas han vulnerado el derecho colectivo a la protección de los derechos de los consumidores, en perjuicio de los compradores del proyecto Multifamiliar Aquarela VIS.
- Devolución de recursos: Se ordene a las empresas demandadas devolver en su totalidad las sumas pagadas por los compradores, quienes no recibieron los inmuebles prometidos, incumpliendo con los requisitos legales establecidos por la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor).
- Levantamiento del velo corporativo: Que se responsabilice directamente a los beneficiarios de la obra y accionistas del proyecto por las violaciones a los derechos colectivos, levantando el velo corporativo para garantizar que respondan ante los afectados.
- Condena a las empresas demandadas: Se imponga una condena a las partes demandadas por las afectaciones sufridas por los compradores.
Fundamentos Legales
- La demanda se basa en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, que establece el derecho colectivo a la defensa de los consumidores y usuarios. Además, se invoca el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), que regula las relaciones entre consumidores y proveedores, estableciendo derechos y obligaciones para ambas partes.