Abren proceso de responsabilidad fiscal por $37.810 millones contra exalcalde de Cartagena, Dionisio Vélez
En total, la CGR estableció un presunto detrimento patrimonial a las arcas del Distrito de Cartagena de Indias en cuantía de $37.810 millones.
Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $37.810 millones de pesos contra el exalcalde de Cartagena Dionisio Fernando Vélez, la exdirectora del Departamento Administrativo Distrital de Salud – DADIS, Martha Cristina Rodríguez de Gaviria, el contratista Compañía de Ingeniería Negocios y Servicios -COINSES S.A., y los contratistas integrantes del Consorcio Salud Heroica S.A. y el Consorcio Interventoría Hospitales Cartagena.
La decisión, proferida por la Gerencia Departamental de la CGR en Bolívar, tiene que ver con el daño fiscal que se dio con la ejecución de dos contratos de obra y uno de interventoría de 2014, relacionados con la construcción, adecuación, ampliación, remodelación y dotación de las instituciones de salud del Distrito de Cartagena, en ese momento.
Los hechos que generaron la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal hacen referencia a la existencia de un detrimento patrimonial a las arcas del Distrito de Cartagena de Indias en cuantía de $9.716 millones para el Contrato 001-2014, suscrito entre el Departamento Administrativo del Distrital de Salud – DADIS y el Consorcio Salud Heroica S.A.
Y de igual manera, en cuantía de $25.770 millones para el Contrato No. 002-2014, suscrito entre el DADIS y la Compañía de Ingeniería y Servicios S. A. COINSES S.A., debido a que una parte de las obras quedaron inconclusas y, otra, a pesar de ser terminadas y tener los suministros de equipamiento médico, no prestan el servicio de salud, para las que fueron proyectadas.
También, se determinó un daño patrimonial en cuantía de $2.324 millones para el Contrato de Interventoría No. 001-2014, suscrito entre el DADIS y el Consorcio Interventoría Hospitales Cartagena S.A.
Lo anterior, sin desconocer los presuntos sobrecostos que se pueden dar por la extensión en el tiempo de los contratos por arriendo de bienes inmuebles donde funcionan parcialmente los servicios de salud a la comunidad de las unidades que fueron demolidas y/o están siendo remodeladas, debido a una deficiente planeación.